El Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, una reforma que redefine la gestión hídrica en México y que desató un profundo debate político. Con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto avanza hacia su aprobación final mientras legisladores de diversas fuerzas expresan posturas encontradas sobre sus alcances y riesgos.
La minuta, enviada horas antes por la Cámara de Diputados, deriva de una iniciativa propuesta por la titular del Ejecutivo Federal. Su eje central es garantizar el derecho humano al agua, privilegiar el consumo doméstico y reforzar la supervisión del uso del recurso frente a actividades agroindustriales y comerciales.
Durante la discusión, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) afirmó que la nueva legislación “elimina la visión mercantilista” y devuelve la gestión del agua “al pueblo de México”. Aseguró que la reforma fortalecerá a productores rurales y evitará la concentración del recurso en grandes acaparadores.
Sin embargo, la oposición consideró la medida como un riesgo político. La senadora Verónica Rodríguez Hernández (PAN) advirtió que el Gobierno Federal tendrá facultades para decidir “de manera discrecional” qué concesiones continúan, lo que podría convertir el agua en un instrumento de presión electoral. Señaló además que la reforma generaría incertidumbre para miles de familias vinculadas al campo.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) coincidió en que el proyecto incrementa las atribuciones de la Conagua y abre espacio a “arbitrariedades y corrupción”. A su juicio, el nuevo marco jurídico podría frenar inversiones y frenar la modernización del sector hídrico.
En contraste, voces del PVEM y del PT respaldaron el avance del dictamen. La senadora Juanita Guerra Mena aseguró que el agua se consolida como un bien social y no como mercancía, mientras que Lizeth Sánchez García destacó que más de 70 mil comités comunitarios recibirán personalidad jurídica, lo que fortalecerá a pequeños productores y familias campesinas.
Desde el PRI, Carolina Viggiano Austria criticó que la minuta se acelerara sin estudios técnicos sólidos ni consultas a pueblos originarios, lo que —dijo— vuelve insuficiente la garantía del derecho al agua.
