En medio de una investigación del Capitolio sobre la legalidad de la guerra militarizada contra el narcotráfico impulsada por el presidente Donald Trump, el Pentágono confirmó la destrucción de otra embarcación en el océano Pacífico. El ataque, ejecutado por el Comando Sur el pasado 4 de diciembre, elevó a 22 las lanchas eliminadas y a 87 los tripulantes ejecutados, todos acusados de ser “narcoterroristas”.
El Comando Sur informó en su cuenta oficial de X que la operación fue realizada bajo órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth. De acuerdo con el reporte, la lancha navegaba en una ruta asociada al narcotráfico y transportaba narcóticos; cuatro personas murieron en el ataque. No obstante, el Pentágono continúa sin presentar evidencia que confirme que los cargamentos estaban destinados al mercado estadounidense.
Este episodio ocurre mientras el Congreso federal mantiene un escrutinio creciente sobre la estrategia militarizada de Trump. La investigación se centra especialmente en el primer ataque del 2 de septiembre, cuando dos sobrevivientes fueron ejecutados tras un segundo bombardeo ordenado por el almirante Frank Bradley.
Durante una sesión a puerta cerrada celebrada este jueves, Bradley y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, fueron interrogados por legisladores sobre la decisión de lanzar ese segundo ataque. Según versiones internas, Bradley afirmó que actuó porque la embarcación aún contenía drogas y temía que los sobrevivientes escaparan con la carga.
El debate se intensificó luego de que The Washington Post revelara que Hegseth había firmado una orden autorizando la ejecución de sobrevivientes en operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Bradley negó que dicha orden exista, lo que profundiza las dudas sobre el mando y la legalidad de las instrucciones operativas.
Medios estadounidenses también reportaron que el Pentágono justificó las ejecuciones del 2 de septiembre argumentando que los tripulantes se comunicaban por radio tras sobrevivir el primer ataque. No obstante, congresistas republicanos y demócratas descartaron que hubiera evidencia de esa comunicación.
Estas acciones, que presuntamente ocurren en aguas internacionales, han provocado señalamientos de posibles violaciones al derecho internacional y al debido proceso.
Mientras el Pentágono defiende sus operaciones, el Capitolio avanza en su investigación para determinar si la estrategia antidrogas de Trump viola normas internacionales y constitucionales. Con nuevos ataques y versiones contradictorias, la presión política sobre la conducción de la guerra contra el narcotráfico continúa en aumento.
