La organización civil México y el Mundo Vapeando advirtió que la reciente reforma a la Ley General de Salud, destinada a regular y sancionar el uso de vaporizadores, podría dejar en manos del crimen organizado la venta de más de cinco millones de vapeadores al mes. La medida, afirman, consolida un mercado negro que ya opera a nivel nacional desde la política prohibicionista iniciada en 2020.
Organizaciones acusan un impacto directo en el mercado legal
Juan José Cirión Lee, presidente del colectivo, señaló que la decisión del Congreso “formaliza la entrega del mercado del vapeo al crimen organizado”, ya que la prohibición no eliminó el consumo y únicamente desplazó la distribución hacia canales ilícitos.
El dirigente afirmó que, de acuerdo con evidencia internacional, en países como Francia y Reino Unido los vaporizadores forman parte de estrategias para combatir el tabaquismo, al ser considerados 95% menos dañinos que los cigarros tradicionales.
Cinco millones de vapeadores al mes pasarían al mercado ilegal
Según la organización, en México existen 2.8 millones de usuarios de vaporizadores, de los cuales 2.3 millones utilizan dispositivos desechables con una duración aproximada de una semana. Esto implica la compra mensual de 5.2 millones de vapeadores, que —de acuerdo con el colectivo— serían distribuidos por bandas criminales ante la ausencia de un mercado legal regulado.
Cirión Lee sostuvo que la política gubernamental iniciada en 2020 con decretos presidenciales y reforzada con la reforma constitucional de 2024 “no frenó el consumo” y, por el contrario, “facilita el acceso de estos productos a menores de edad”.
Estudios internacionales advierten efectos contraproducentes
La organización citó el informe “Vapeadores y violencia: El Problema de la prohibición en México”, elaborado por la red internacional La Prohibición No Funciona (PDNW). El estudio concluye que la prohibición ha generado un mercado negro que fortalece a las organizaciones criminales y priva a fumadores de alternativas menos dañinas.
Además, advierte que este fenómeno podría tener implicaciones en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), donde socios comerciales podrían presionar para revertir la prohibición.
Crimen organizado amplía su espectro de negocio
De acuerdo con PDNW, los cárteles han expandido su operación al contrabando de vaporizadores ilegales. Muchos de estos productos terminan en Estados Unidos, donde su venta sí está permitida, lo que fortalece redes criminales vinculadas al tráfico de drogas y armas.
La reforma a la Ley General de Salud abre un nuevo debate sobre salud pública, seguridad y regulación. Mientras el gobierno defiende una política de prohibición total, organizaciones civiles señalan riesgos crecientes y piden modelos más cercanos a los adoptados en otras naciones, donde la regulación ha mostrado mejores resultados.
