El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, participó en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la octava reunión del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ambos encuentros tuvieron como propósito consolidar la estrategia nacional de seguridad y reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar delitos de alto impacto y mejorar la protección de las familias mexicanas.
Alfonso Durazo destaca avances en coordinación federal y estatal
Durante la reunión, Durazo subrayó que la colaboración entre instituciones federales y estatales ha permitido reducir índices delictivos y fortalecer la respuesta ante emergencias. En este marco, se aprobaron 11 acuerdos nacionales, entre ellos la homologación de la Ley General contra la Extorsión, considerada una de las medidas más relevantes para combatir este delito en crecimiento.
Extorsión: delito federal con sanciones más severas
La presidenta Sheinbaum señaló que la extorsión es uno de los retos más urgentes para la seguridad del país. Con la reforma, este delito se convierte en falta federal, será investigado por la Fiscalía General de la República y se perseguirá de oficio, lo que permitirá procesos más rápidos y menos oportunidades para la impunidad.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante los primeros 14 meses de la administración se han detenido más de 38,700 personas vinculadas a delitos de alto impacto, resultado del fortalecimiento operativo y la cooperación entre corporaciones.
Impacto en Sonora: mayor protección y herramientas de denuncia
En Sonora, la implementación del Acuerdo Nacional contra la Extorsión permitirá reforzar la protección a la ciudadanía y mejorar la capacidad de investigación de la Fiscalía estatal mediante unidades especializadas.
Además, se potenciará el uso de la línea 089, un sistema de denuncia anónima que será optimizado para ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a ciudadanos y sectores productivos que suelen ser víctimas frecuentes de este delito.
El gobierno estatal prevé que estas medidas consoliden una estrategia más efectiva para combatir la extorsión, considerado uno de los ilícitos con mayor impacto económico y social en la entidad.
La coordinación entre el gobierno federal y las entidades, encabezada por Sheinbaum y fortalecida con la participación de gobernadores como Durazo, marca un paso importante para consolidar una estrategia integral de seguridad. Con nuevas herramientas jurídicas, procesos más ágiles y mayor cooperación institucional, el país busca avanzar hacia una reducción sostenida de delitos de alto impacto y una protección más sólida para las familias mexicanas.
