Durante el primer semestre de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas abrió 123 indagatorias por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones concluyó en una sentencia condenatoria, de acuerdo con un análisis del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de la organización Tojil. El balance coloca al estado en una posición intermedia a nivel nacional y reabre el debate sobre la eficacia institucional para combatir este delito.
Avances mínimos en las investigaciones por corrupción
Del total de carpetas iniciadas en Tamaulipas, solo dos fueron judicializadas y dos más vinculadas a proceso, sin que se lograra acreditar responsabilidad penal ante los jueces. Esta situación ubicó a la entidad en el lugar 16 a nivel nacional en número de indagatorias abiertas, muy lejos del Estado de México, que acumuló mil 729 investigaciones, y por encima de entidades como Guerrero, con apenas cuatro casos.
En contraste, otras fiscalías estatales sí lograron resultados concretos. El Estado de México encabezó la lista con 13 sentencias condenatorias, seguido por Hidalgo con cinco, mientras que Puebla, Campeche y Chihuahua registraron dos cada uno. Tamaulipas, en cambio, cerró el periodo sin resoluciones definitivas.
Evaluación institucional y falta de personal
La organización Tojil calificó el desempeño de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas como “regular” en aspectos como marco jurídico, recursos y capital humano, y “satisfactorio” en procesos internos. Aunque la institución ejerció un presupuesto de 38.3 millones de pesos, un aumento del 15% respecto al año anterior, la plantilla resultó insuficiente para la carga laboral.
Actualmente, la fiscalía cuenta con nueve ministerios públicos, tres peritos y siete policías de investigación. En promedio, cada ministerio público recibe 14 nuevas carpetas, mientras que los peritos atienden 41 y los policías 18. Esta sobrecarga, advierte Tojil, retrasa diligencias y afecta la calidad de las investigaciones, problema que también se observa en otras entidades del país.
Cambios en la Fiscalía y retos estructurales
El periodo evaluado corresponde a los últimos meses de Raúl Ramírez Castañeda como fiscal anticorrupción, funcionario que permaneció en el cargo hasta septiembre de 2024. Su gestión ya había sido cuestionada por la falta de un modelo de gestión de casos y de convenios interinstitucionales.
A nivel judicial, persisten otros desafíos. Más del 50% de jueces y magistrados en Tamaulipas no contaban con capacitación para juzgar con perspectiva de género, reconoció la presidenta del Poder Judicial estatal, Tania Contreras López, lo que representa una barrera adicional para el acceso a la justicia.
Para conocer más sobre transparencia y rendición de cuentas, consulta nuestra sección de corrupción y justicia en Tamaulipas.
El balance de las investigaciones por corrupción en Tamaulipas evidencia un problema estructural: muchas carpetas abiertas, pero pocos resultados concretos. Aunque existen avances administrativos y un mayor presupuesto, la falta de personal especializado y de sentencias condenatorias mantiene en entredicho la eficacia del combate a la corrupción en la entidad.
