El gobernador Américo Villarreal entregó el nombramiento a Norma Angélica Pedraza Melo, quien encabezará la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de fortalecer la ética, transparencia y eficiencia en la administración pública.
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó este miércoles la instalación de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como parte del esfuerzo por modernizar y hacer más transparente la administración estatal. Durante el evento, realizado en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, se entregó el nombramiento como titular de esta dependencia a Norma Angélica Pedraza Melo.
Esta nueva secretaría se alinea con la política nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, y busca mejorar los resultados gubernamentales mediante el trabajo de personas capacitadas, comprometidas y con altos estándares de ética y honestidad.
“Buscamos mejores resultados con gente más capacitada y comprometida éticamente en la función pública”, señaló el gobernador, quien también hizo un llamado a reforzar los esfuerzos en la segunda etapa de su administración.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá bajo su supervisión a 17 dependencias estatales, 36 organismos paraestatales, 43 municipios y 47 organismos descentralizados municipales. También coordinará acciones con los poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos, fortaleciendo la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Norma Angélica Pedraza, al asumir el cargo, se comprometió a trabajar con responsabilidad y resultados. Afirmó que esta nueva secretaría se convierte en una herramienta clave para consolidar el proyecto de transformación en el estado.
“Honraré la confianza con trabajo, entrega y compromiso por Tamaulipas”, expresó.
Por su parte, Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, destacó que esta nueva dependencia marca un avance significativo hacia un gobierno más honesto y responsable.
La reestructuración también permitirá implementar reformas constitucionales que favorezcan la eficiencia en el gasto público, la protección de datos personales y una mejor atención a la ciudadanía a través de procesos más simples y accesibles.
