Ya existe un anteproyecto para la despenalización del aborto en Tamaulipas. La propuesta contempla permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y que el procedimiento se realice de forma gratuita y segura en el sistema hospitalario público, bajo un enfoque de salud pública.
La diputada local Lucero Deosdady Martínez López informó que el tema se analizará durante el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. Reconoció que se trata de un asunto que genera opiniones encontradas, pero señaló que es una discusión necesaria por su relación con los derechos humanos y la protección integral de las mujeres.
“Es un tema que sí se va a analizar en este periodo. Sabemos que es polémico, pero tiene que ponerse sobre la mesa y avanzar. Ya tenemos una propuesta”, señaló la legisladora, quien también informó que el próximo 20 de febrero participará en un foro nacional con el grupo Católicas por el Derecho a Decidir.
Martínez López explicó que la iniciativa no plantea cambios distintos a los que ya existen en otros estados del país, donde la interrupción legal del embarazo es permitida hasta las 12 semanas. Indicó que el objetivo es que la decisión sea libre e informada, sin que esté influida por el miedo, la desinformación o la falta de opciones.
La diputada detalló que el proyecto incluye el acompañamiento del Instituto de las Mujeres, con apoyo psicológico para quienes lo requieran, al reconocer que en algunos casos pueden existir afectaciones emocionales. También se contempla brindar información sobre alternativas y esquemas de protección a la familia, con apoyo del DIF.
Aclaró que la despenalización no elimina el delito en todos los casos. El aborto seguiría siendo sancionado cuando exista coerción, falta de consentimiento o cuando el procedimiento se realice fuera del plazo establecido. Después de las 12 semanas, la interrupción del embarazo volvería a considerarse un delito.
En cuanto al personal médico, la propuesta respeta el derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, se establece que el sistema de salud, a través de sus comités de ética, deberá garantizar que haya personal disponible para realizar el procedimiento en tiempo y forma, evitando retrasos que limiten el acceso al servicio.
