Legisladores de Chiapas presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa para permitir que las corporaciones de seguridad utilicen armas de alto poder. Esta propuesta busca que los elementos estatales cuenten con mejores herramientas para enfrentar la capacidad de fuego de la delincuencia organizada en el país.
La iniciativa fue impulsada originalmente por el Gobernador Eduardo Ramírez y recibió el aval del Congreso local el pasado 5 de febrero. Posteriormente, una delegación plural de diputados entregó el proyecto a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Reformas a la Ley de Armas de Fuego
El proyecto plantea modificaciones técnicas a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. El objetivo principal es ampliar las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De este modo, la institución podrá autorizar permisos para el uso de armamento que, hasta ahora, es exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Además, se proponen licencias oficiales colectivas. Bajo este esquema, los gobiernos locales y las Secretarías de Seguridad tramitarán los permisos justificando la necesidad operativa. En consecuencia, el personal recibirá credenciales individuales para portar estas armas de alto poder para policías de manera legal y regulada.
Un debate contra el tabú de la seguridad
Ricardo Monreal destacó la relevancia de este movimiento legislativo. Según el coordinador, Chiapas es la primera entidad en formalizar esta petición, aunque otros gobernadores enfrentan retos similares. Por lo tanto, el debate resulta necesario para equilibrar las condiciones de combate en las calles.
“Lo que se intenta es modificar la ley para permitirles a las policías estatales el uso de armas que ahora son exclusivas del Ejército y que las policías estatales no pueden portar, está prohibido portarlas, entonces es muy complicado que puedan las policías estatales enfrentar esta capacidad de fuego que dispone ilegalmente el crimen organizado”, explicó Monreal.
Control militar y transparencia
A pesar del incremento en el calibre del armamento, la iniciativa establece controles estrictos. Una vez cumplido el objetivo operativo, el equipo deberá transferirse a la Sedena o permanecer bajo resguardo militar. Asimismo, Monreal aseguró que la reforma respeta el carácter civil de las instituciones y no representa una militarización policial.
Finalmente, el legislador reconoció que el tema ha sido un tabú durante décadas. No obstante, subrayó que “Chiapas abre un debate sobre un tema que ha sido durante muchos años una especie de tabú: ¿por qué no les permiten a las policías estatales usar armas de mayor calibre?”. La propuesta será analizada por la Comisión de la Defensa Nacional a partir de esta semana.
