La jornada escolar en la Primaria Juan B. Tijerina Ciudad Victoria se vio interrumpida este jueves cuando una madre de familia encadenó el acceso principal del plantel. Esta acción solitaria, realizada como medida de presión por una presunta negligencia médica hacia su hijo, generó desconcierto entre decenas de padres de familia. Sin embargo, elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas arribaron al lugar para romper las cadenas y permitir el ingreso de alumnos y docentes tras varias horas de parálisis.
Origen del conflicto: Denuncia de negligencia
El incidente que detonó la protesta ocurrió originalmente el pasado 11 de marzo. Según el testimonio de la madre afectada, su hijo sufrió un percance físico que no fue atendido adecuadamente por las autoridades escolares. Además, denunció que el director del turno matutino, Enrique González, no se encontraba en las instalaciones para ofrecer una respuesta inmediata ante la emergencia del menor.
“Estábamos muy asustados, el niño estaba muy alterado, su corazón latía demasiado”, relató la madre al señalar que la falta de protocolos internos puso en riesgo la integridad del estudiante.
Exigencias y falta de diálogo institucional
La madre de familia asegura que, tras el accidente, tuvo que buscar atención externa de manera urgente. Por lo tanto, el menor requirió servicios médicos y dentales para la reconstrucción de sus piezas dentales. En consecuencia, la exigencia principal de la manifestante es la destitución del directivo, argumentando una omisión grave en sus funciones y una falta de seguimiento posterior al siniestro.
“Lo llevé al doctor y al dentista para reconstruir sus dientitos, traía mucho dolor”, explicó la madre. Por consiguiente, decidió tomar las instalaciones al no recibir las llamadas de aclaración que el personal administrativo le había prometido días atrás.
Reacción de la comunidad escolar
A pesar de la validez de su reclamo, la mayoría de los padres de familia expresaron su inconformidad por el cierre unilateral de la Primaria Juan B. Tijerina Ciudad Victoria. Por un lado, apoyan la seguridad de los niños; por otro lado, rechazan la pérdida de clases. Ante la falta de acuerdos, la intervención de la fuerza pública fue necesaria para restablecer el orden institucional.
Finalmente, las autoridades educativas del estado no han emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones o investigaciones internas. La comunidad escolar permanece a la espera de una resolución que garantice tanto la justicia para el menor afectado como la continuidad del ciclo escolar en un ambiente de diálogo.
