La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha abierto un total de 50 carpetas de investigación en los últimos cinco años por posibles delitos cometidos en centros de rehabilitación, conocidos como anexos.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, las investigaciones se han distribuido de la siguiente manera: siete en 2021, 17 en 2022, 14 en 2023, nueve en 2024 y tres en 2025. Estas indagatorias están relacionadas con presuntas irregularidades al interior de estos establecimientos.
Ante esta situación, el Congreso del Estado aprobó en comisiones un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud y a los 43 ayuntamientos que refuercen las labores de verificación y supervisión de estos centros, con el objetivo de asegurar que operen conforme a la normativa vigente.
En este contexto, el coordinador estatal de la Coepris, Mario Rebolledo, informó recientemente que, de un padrón de 58 centros, seis de cada diez presentan irregularidades. Entre las principales problemáticas detectadas se encuentran el hacinamiento, deficiencias sanitarias y quejas por malos tratos.
A pesar de estas condiciones, las autoridades han optado por no clausurar los establecimientos para evitar afectar a las personas que reciben atención. En su lugar, se han aplicado 14 suspensiones como medida preventiva.
Por su parte, la Comisión de Salud del Congreso exhortó a reforzar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, que regula la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Los legisladores señalaron que el consumo de sustancias es un problema de salud pública que requiere atención integral, así como supervisión constante de los centros que brindan estos servicios.
También destacaron que estos espacios deben operar bajo condiciones que garanticen la dignidad, los derechos humanos y la integridad de las personas usuarias. Para ello, es necesario contar con infraestructura adecuada, personal capacitado y modelos de atención apropiados.
Finalmente, se reiteró que la supervisión periódica es fundamental para prevenir irregularidades y asegurar que los centros de rehabilitación ofrezcan servicios adecuados, protegiendo tanto la salud pública como a quienes acuden a estos lugares en busca de apoyo.
