Un tribunal español anuló la multa impuesta a Shakira correspondiente a la tributación del ejercicio fiscal de 2011. La resolución de la Audiencia Nacional insta a la Agencia Tributaria a devolver aproximadamente 60 millones de euros (70 millones de dólares) a la cantante colombiana.
La instancia judicial estimó el recurso de la artista contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central. La administración española reclamaba inicialmente más de 55 millones de euros, pero el equipo legal de la cantante calcula que la devolución superará los 60 millones al sumar intereses y costas judiciales derivadas de los impuestos sobre la renta y el patrimonio de aquel año.
Criterios sobre la residencia fiscal y el vínculo con Gerard Piqué
El análisis central del tribunal se enfocó en determinar la residencia fiscal de la intérprete durante 2011. La Audiencia Nacional concluyó que las liquidaciones y sanciones impuestas son contrarias a derecho por los siguientes motivos:
- Días de estancia: La justicia determinó que la artista permaneció en España 163 días, cifra inferior a los 183 días exigidos por la ley para tributar bajo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Núcleo económico: La administración no logró probar que la cantante mantuviera el centro de sus intereses económicos en territorio español.
- Vínculo familiar: Se desestimó el argumento de la relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué, ya que en 2011 no existía “vínculo conyugal” formal ni hijos menores, descartando un núcleo familiar a efectos legales para una persona extranjera.
Historial judicial y próximos pasos
La agencia Llorente y Cuenca, representante de Shakira, indicó que este fallo resuelve la última cuenta pendiente de la artista en España tras ocho años de disputa. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria confirmaron que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Previamente, la artista enfrentó otros procesos fiscales en territorio español:
- Periodo 2012-2014: En 2024, aceptó una sanción de 7.8 millones de euros tras reconocer judicialmente un fraude de 14.5 millones, pacto que evitó una condena de prisión.
- Periodo 2018: Recientemente, un juzgado de Barcelona archivó una segunda causa penal por un presunto fraude de 6.6 millones de euros, remitiendo el caso a la vía administrativa.
