El 29 de junio de 2022 quedó marcado en la historia de la prensa tamaulipeca. Aquel día, la violencia demostró su rostro más cruel contra el gremio local. Hoy, a cuatro años del asesinato del periodista Antonio de la Cruz y de su hija Cinthia, la justicia parece haber pasado de largo en la capital.
El expediente judicial del caso sigue formalmente abierto en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, los pasillos de los tribunales sólo guardan un silencio burocrático. Por lo tanto, no hay avances sustanciales, no existen autores intelectuales tras las rejas y la promesa de justicia se ha diluido por completo.
Los hechos que enlutaron a Ciudad Victoria
Aquel día, alrededor de las 9:15 de la mañana, nuestro compañero Antonio de la Cruz encendió su vehículo. Él era un veterano de la comunicación con más de 25 años de experiencia. El automóvil estaba estacionado a las afueras de su domicilio, en la calle Puerta de la Luna del fraccionamiento Puerta de Tamatán.
Lo acompañaba su hija Cinthia, de apenas 23 años, a quien llevaba al trabajo. Por desgracia, no tuvieron tiempo de avanzar. Un sujeto armado a bordo de una motocicleta se aproximó de forma directa. En consecuencia, el agresor abrió fuego en cinco ocasiones con un arma calibre .40 milímetros.
El cuerpo inerte del reportero quedó frente a su hogar. Esa era la trinchera desde la cual salía diariamente a buscar las historias del campo tamaulipeco. Mientras tanto, Cinthia, con heridas graves en la cabeza, fue trasladada de urgencia al Hospital General. En ese lugar, los médicos lucharon por su vida durante dos días, pero ella también falleció.
Promesas oficiales rotas y una estructura criminal intacta
Las alarmas se encendieron incluso en organismos internacionales de derechos humanos. Ciertamente, matar a un periodista en México ya era una dolorosa costumbre. Sin embargo, acribillar a sus hijos para enviar un mensaje de terror elevó el umbral de la crueldad. Debido a esto, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de inmediato.
Además, se anunció el despliegue de peritos especializados. Los discursos oficiales condenaban el ataque, mientras el compromiso del gobierno federal era llegar «hasta las últimas consecuencias».
Cuatro años más tarde, las promesas se reducen a nada. Si bien se detuvo en junio de 2023 a Rafael “N” alias “El Piña” como presunto autor material, vinculado a células criminales, la estructura que ordenó silenciar la voz de Toño permanece intacta. El expediente sigue abierto únicamente para evitar el carpetazo formal. De este modo, opera como un monumento a la impunidad.
Toño de la Cruz: una vida entregada al periodismo del campo
Toño no era el típico reportero de nota roja o cronista de la actividad gubernamental en la capital del estado. Al contrario, era el reportero del campo para EXPRESO, aunque su labor no se limitaba a eso. Desde esa trinchera, se convirtió en el puente entre las comunidades agrícolas olvidadas y los centros de poder urbano. Sus notas abordaban la sequía que devoraba las cosechas en el norte del estado.
Además, documentaba la falta de apoyos federales y estatales para los productores de sorgo y cítricos. También denunciaba el desabasto de agua en los ejidos más apartados de la sierra y las corruptelas en las oficinas gubernamentales. Antonio conocía cada camino vecinal, brecha y a cada líder agrario de la zona central de Tamaulipas. Por consiguiente, esa cercanía con la tierra le otorgaba una gran autoridad moral.
En los años previos al asesinato del periodista Antonio de la Cruz, el comunicador comenzó a utilizar sus redes sociales personales como un espacio de denuncia directa. Particularmente en su cuenta de X (antes Twitter), apuntaba hacia el poder político. Ahí señalaba desvíos de recursos públicos, opacidad en la asignación de obras y la creciente infiltración de intereses criminales.
Paralelamente, Toño colaboraba en el área de comunicación social del partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas. Esta doble condición de periodista de territorio y comunicador lo colocó en una posición de alta vulnerabilidad. En una entidad donde el poder político y el fáctico a menudo se difuminan, levantar la voz se convirtió en una actividad de altísimo riesgo.
Expreso: una historia escrita bajo el terror en Tamaulipas
El atentado contra Antonio de la Cruz no fue un caso aislado para el periódico EXPRESO. En realidad, representó el capítulo más sangriento de una larga campaña de hostigamiento perpetrada por el crimen organizado en Victoria. El primer gran hito de esta estrategia de terror ocurrió el 19 de marzo de 2012. En esa fecha, un coche bomba estalló frente a las instalaciones del periódico. El ataque causó destrozos en el área de talleres y redujo a chatarra 13 vehículos.
Por fortuna, la detonación ocurrió en un momento en que el personal de redacción ya no estaba en las oficinas. Sin embargo, el mensaje de la delincuencia quedó claro, obligando a la autocensura. Luego, el 20 de diciembre de 2018, una hielera en el estacionamiento del edificio volvió a encender las alertas. Las autoridades encontraron una cabeza humana cercenada.
Los victimarios habían colocado una cartulina de color brillante con un mensaje explícito. En este texto, se les exigía a las empresas periodísticas de Victoria que dejaran de publicar información sobre la violencia interna de los carteles. El homicidio de Toño en 2022 demostró que las amenazas previas no eran meras advertencias. La estructura criminal estaba dispuesta a pasar de los explosivos a las balas directas.
El mecanismo de protección y un doloroso memorial del olvido
La muerte de Antonio de la Cruz es el eslabón de una larga cadena de sangre que se extiende por más de cuatro décadas en Tamaulipas. Muchos municipios del estado tienen su propio mártir del periodismo. Esta es una lista de nombres que las autoridades prefieren mantener en el olvido burocrático, pero que el gremio recuerda año tras año. A la larga lista se deben sumar decenas de casos de comunicadores que optaron por el exilio forzado tras recibir amenazas de muerte.
Por otra parte, el atentado puso al descubierto la inoperancia del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Toño no contaba con ninguna medida de seguridad al momento de su muerte, a pesar del violento historial que perseguía al periódico.
Hoy, el panorama en Victoria y en el resto de Tamaulipas no ofrece razones para el optimismo. El estancamiento del expediente no es una excepción técnica, sino el resultado de un diseño institucional que premia la impunidad. La FEADLE ha demostrado ser un aparato burocrático lento y carente de voluntad política. En consecuencia, la agresión que apagó una voz crítica sembró un manto de silencio, mientras su expediente duerme el sueño de los justos.