REYNOSA, TAM. – La empresa Maytrack, propietaria de la refinería ilegal asegurada en Reynosa, operó durante años como contratista de obra pública. La compañía recibió al menos 90.9 millones de pesos en contratos estatales durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca. Por lo tanto, el caso destapa un historial de licitaciones públicas asignadas a la firma sancionada.
Operaban refinería clandestina cerca de la Guardia Nacional
La planta asegurada por las autoridades se ubica en el predio “Quinta Campestre Las Magnolias”, a un kilómetro de la Guardia Nacional. En agosto de 2024, la ASEA autorizó a la compañía un proyecto para generar combustible alterno. Sin embargo, la investigación confirmó que la planta procesaba ilegalmente hasta 14 mil barriles diarios de crudo sustraído a Pemex.
Durante los operativos de julio, las fuerzas federales incautaron más de 3.8 millones de litros de hidrocarburo. Además, aseguraron 18 pipas, 40 tanques de almacenamiento y diversos equipos industriales.
“En la planta se procesaban hasta 14 mil barriles de petróleo crudo diarios para obtener diésel, gasolina y turbosina, con petróleo que robaban a Pemex de instalaciones en Tabasco y Veracruz”, revelaron las investigaciones.
Adjudicaciones millonarias en infraestructura estatal
Los registros oficiales confirman que la empresa Maytrack obtuvo al menos diez contratos públicos entre 2018 y 2019. Entre las obras asignadas destaca la construcción de diez “Estaciones Seguras” por más de 99 millones de pesos. Igualmente, la compañía realizó trabajos de pavimentación, alumbrado y rehabilitación de caminos rurales en diversos municipios.
Asimismo, la firma fue constituida originalmente en Monterrey para ejecutar obra civil. Posteriormente, la directiva trasladó su domicilio fiscal a Ciudad Victoria en octubre de 2018.
Violaciones graves a la Ley de Hidrocarburos
La legislación mexicana exige un permiso especial de la SENER para procesar o refinar petróleo crudo. No obstante, la compañía solo contaba con una autorización ambiental orientada a combustibles alternos. Por esta razón, procesar crudo de procedencia ilícita constituye un delito federal grave.
En consecuencia, los responsables podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. De igual manera, la ley contempla la confiscación definitiva de los bienes y terrenos involucrados en la operación clandestina.