CIUDAD DE MÉXICO – Diversas mamás denunciaron graves amenazas de muerte e intimidación digital, sufriendo otra faceta de la violencia tras cierre de militarizadas. Por lo tanto, las señoras Erika Torbellín y Alejandra Quintos acudieron ante las Fiscalías de la Ciudad de México y Tamaulipas. De acuerdo con informes recopilados por Milenio Diario, las víctimas exigieron la intervención urgente de la Policía Cibernética.
En consecuencia, las autoridades activaron protocolos de seguridad pública para resguardar las viviendas de las familias. Por esta razón, elementos policiales realizan rondines continuos de vigilancia preventiva. Así pues, las corporaciones buscan frenar el acoso derivado de las denuncias penales.
Amenazas de muerte e intimidación en redes sociales
Por otra parte, los hostigamientos digitales aumentaron tras la detención de Mariana “N”, vinculada al homicidio del menor Erick. Por consiguiente, las familias recibieron mensajes agresivos e infinidad de llamadas anónimas:
- Medidas en la capital: La Fiscalía capitalina activó el Código Águila para vigilar la vivienda de Erika Torbellín.
- Resguardo en Tamaulipas: La Guardia Estatal asignó protección domiciliaria a la madre de la joven Dafne.
- Denuncias formales: El despacho Manos Lilas presentó recursos legales por la violencia digital registrada.
De igual manera, las afectadas entregaron números telefónicos, grabaciones y capturas de pantalla a las autoridades penales. En efecto, la defensa jurídica responsabilizará a los directivos escolares ante cualquier agresión física.
“Que quede claro que si un día me pasa algo, aparezco sin vida, tuve un atentado, un accidente, o no saben de mí, la culpa es de las mismas personas que me quitaron a mi hijo”, dijo Erika Torbellín.
“No solo han sido mensajes por redes sociales y WhatsApp con amenazas de muerte. Son mensajes directos, intimidatorios y muy agresivos”, afirmó Alejandra Quintos Martínez.
Exigen frenar la impunidad en los procesos penales
Por añadidura, las madres continúan impulsando carpetas de investigación por homicidio calificado, feminicidio y abuso sexual. Asimismo, la red de apoyo jurídico catalogó las intimidaciones como acciones conexas a los crímenes principales.
“Ya denuncié formalmente y ya están pasando patrullas a vigilar mi casa y ver que estoy bien”, agregaron las afectadas sobre el respaldo oficial.
Finally, las víctimas exigen detener los ataques cibernéticos mientras avanzan los juicios contra los administradores académicos. Por lo tanto, el seguimiento institucional será clave para prevenir una mayor violencia tras cierre de militarizadas.
