CIUDAD DE MÉXICO – La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a una agencia aduanal de Reynosa con un esquema de huachicol. La red criminal involucra al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, accionista principal de la empresa Ingemar. En consecuencia, las autoridades identificaron 11 compañías dedicadas a la importación e introducción ilegal de combustible al país.
Operativa ilícita y empresas implicadas en la red
El modus operandi consistía en ingresar gasolina y diésel de manera irregular para su posterior distribución. La investigación señala que Servicios Aduanales JR, una agencia aduanal de Reynosa, facilitó el ingreso de 163 ferrotanques. Por lo tanto, el combustible no fue declarado formalmente ante las autoridades aduaneras del país.
Además, cuatro empresas actuaban como destinatarias finales registradas en guías de embarque y pedimentos. Estas compañías simulaban actos comerciales para aparentar que la adquisición del hidrocarburo era completamente lícita.
“Una vez que Ingemar ingresó de manera irregular a territorio nacional los petrolíferos no declarados a las autoridades aduaneras procedió a su enajenación y distribución en favor de entidades comerciales que participaron en el esquema”, precisa la causa penal.
Millonarios excedentes y simulaciones fiscales
Durante el ejercicio fiscal 2025, la empresa Ingemar superó ampliamente los volúmenes de importación autorizados por la Secretaría de Energía. Por esta razón, la FGR detectó un excedente no declarado superior a los 2 mil 137 millones de litros.
Asimismo, la distribuidora Crismon Hidrocarburos emitió facturas en favor de Gasolinera Faza por más de 89 millones de pesos. Sin embargo, los accionistas de dicha gasolinera enfrentan procesos penales por lavado de dinero y defraudación fiscal.
“Circunstancia que dejó al descubierto que Gasolinera Faza actúa bajo un esquema de simulaciones y por tanto las operaciones que Crismon Hidrocarburos y Derivados llevó a cabo con ella se advierte que forman parte de una simulación fiscal”, agrega la FGR.
Finalmente, las indagatorias confirmaron que las empresas implicadas operaban sin permisos vigentes de distribución o comercialización. Por consiguiente, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para castigar estos delitos contra el patrimonio nacional.