Más de mil negocios han sido suspendidos este año; empresarios denuncian abusos, extorsión y normativas confusas que amenazan empleos y sustento familiar.
En lo que va del año, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) ha colocado más de mil sellos de clausura y suspensión a establecimientos en la Ciudad de México, generando una creciente crisis económica en el sector comercial, además de provocar la indignación de empresarios locales.
Si bien estas clausuras se amparan en la normatividad vigente, varios propietarios han denunciado una aplicación excesiva y opresiva de las leyes, lo que estaría afectando directamente a la economía local y contribuyendo al incremento del desempleo.
Testimonios de los afectados
Uno de los casos más representativos es el de Jorge, propietario de un restaurante bar con venta de vinos y licores, quien señala que su negocio fue clausurado por no presentar un documento que nunca antes le había sido solicitado: la constancia de alineamiento y número oficial.
“Durante 28 años, nunca me exigieron ese papel. Esto no es una verificación, es una extorsión disfrazada con chaleco guinda y gafete del INVEA. No puede ser que cierren tu negocio de un día para otro sin darte oportunidad de corregir”, expresó Jorge.
Otro caso es el de un dueño de taquería que cuenta con una licencia de bajo impacto, válida para la venta de cerveza. Sin embargo, su negocio fue amenazado con clausura por ofrecer micheladas, ya que, según la autoridad, se trata de una bebida distinta que requiere un permiso adicional.
“No tiene sentido. Es la misma cerveza, solo con limón y sal. Pero ahora nos piden otra licencia. Si me clausuran, no podré pagar el IMSS ni cubrir impuestos. Eso es llevarnos a la ruina”, lamentó.
Multas y parálisis económica
Ambos empresarios enfrentan multas de hasta 45 mil pesos para poder reabrir, pero con el INVEA en periodo vacacional, los trámites están detenidos hasta agosto, prolongando las pérdidas económicas. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de verificación, lo que ha generado incertidumbre y malestar entre comerciantes de toda la ciudad.
Organizaciones empresariales han exigido al Gobierno capitalino una revisión urgente de los procesos del INVEA, así como una regulación clara y justa que priorice el diálogo antes de las clausuras.
Los afectados advierten que de mantenerse este enfoque punitivo, no solo se frenará la recuperación económica de la ciudad, sino que también se fomentará la corrupción y el cierre definitivo de miles de negocios familiares.
