La comunidad LGBT en Tamaulipas enfrenta barreras marcadas por profundos prejuicios sociales que afectan su acceso a derechos fundamentales. Por lo tanto, encontrar una vivienda o empleo digno en el estado no depende del presupuesto disponible, sino de a quién aman.
De acuerdo con el Atlas de las Personas LGBTTTIQ+ de la CNDH, el 51.01% de los adultos mayores de 60 años en la entidad no rentaría un cuarto a una persona de la diversidad sexual. En consecuencia, colectivos civiles exigen reformas estructurales inmediatas para frenar la exclusión histórica en los 43 municipios.
Aceptación social incompleta y exclusión desde las escuelas
Aunque el matrimonio igualitario ya es completamente legal en el estado, la aceptación social real dista mucho de ser plena. Además, la más reciente Encuesta Nacional de Discriminación del Inegi muestra que el 57% de la población local rechaza que dos personas del mismo sexo cohabiten.
Desafortunadamente, los prejuicios colectivos también han alcanzado los entornos escolares de forma violenta. Por ejemplo, en Matamoros, un grupo de padres de familia bloqueó un plantel educativo para protestar directamente contra dos maestras que mantenían una relación sentimental. Este hecho derivó en una recomendación oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET).
Asimismo, la exclusión estructural comienza con frecuencia dentro del hogar y se reproduce rápidamente en las aulas. Muchas mujeres trans abandonan sus estudios tras sufrir violencia escolar. Posteriormente, el desempleo las empuja hacia la informalidad o el trabajo sexual, alejándolas por completo de la seguridad social y de una vivienda propia. Por si fuera poco, México se mantiene como el segundo país a nivel internacional con más muertes de mujeres trans.
Rezago legislativo para la comunidad LGBT en Tamaulipas
Esta entidad federativa fue la última de todo el país en reconocer el matrimonio igualitario de forma legal. Para la comunidad LGBT en Tamaulipas, este dato histórico evidencia décadas de invisibilidad institucional y resistencia política.
Ciertamente, en marzo de este año se publicó la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTIQ+, aprobada previamente en 2025. Esta normativa busca garantizar los derechos humanos en salud, educación y participación política. Sin embargo, todavía persisten graves rezagos legislativos en el Congreso local que impiden una igualdad jurídica plena. Entre las deudas pendientes se encuentran:
- La Ley de Identidad de Género.
- La Ley contra los Crímenes de Odio.
- La Ley de la No Criminalización contra las Personas que Viven con VIH.
Al respecto, Ana Karen López, presidenta de Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans, señala que la falta de una Ley de Identidad de Género tiene consecuencias humillantes en la vida cotidiana. La activista denunció que, al acudir a las urnas, las personas trans son víctimas constantes de burlas y morbo institucionalizado.
“Cuando una persona emite su voto, en la casilla la llaman por su nombre. El problema es que en Tamaulipas no existe una Ley de Identidad de Género, por lo que muchas personas trans siguen apareciendo con el nombre registrado en sus documentos oficiales. Al momento de votar, ese nombre es pronunciado en voz alta; todo mundo voltea, empiezan las críticas y empiezan a juzgar, por eso muchas personas trans no quieren ir a votar”.
Por otra parte, Celso Pérez, dirigente de Tendremos Alas, refiere que la discriminación también proviene directamente de las propias instituciones. Recordó que en 2004 varias personas trans fueron detenidas en Tampico bajo reglamentos municipales moralistas. Actualmente, aún existen normativas locales que consideran faltas a la moral ciertas conductas afectivas, utilizándose para hostigar a parejas del mismo sexo de forma arbitraria.
Representación política: entre las cuotas y la simulación
El acceso a los cargos de elección popular para la comunidad LGBT en Tamaulipas se encuentra estancado en la simulación. Durante el proceso electoral de 2024 se realizaron 41 postulaciones de la diversidad sexual para diputaciones locales y regidurías. No obstante, solo 14 fórmulas resultaron electas y únicamente alcanzaron espacios dentro de los cabildos municipales, dejando al Poder Legislativo sin representación.
Por esta razón, Celso Pérez propone la creación de un Observatorio de Participación LGBTTTIQ+ en Tamaulipas para fiscalizar permanentemente a los partidos políticos.
“Propongo la creación del Observatorio como un órgano ciudadano de consulta y fiscalización permanente, vigilancia del marco jurídico y partidos políticos. Tendrá la función de vigilar que los partidos políticos no solo cumplan con la cuota, sino con la congruencia ideológica y que el IETAM verifique que los partidos hayan armonizado sus documentos básicos con la perspectiva de derechos humanos y diversidad sexual”.
Por su parte, Denis Mercado, de la Asociación Civil por la Justicia, Paz y Plenitud de México, sostiene que la violencia política y la falta de reconocimiento institucional limitan el acceso real a la toma de decisiones.
“Platiqué con varios compañeros en el país, tuvimos 36 candidaturas a nivel nacional; sin embargo, llegaron solo cuatro. Parece simulación que los partidos políticos incluyen a la diversidad sexual y grupos históricamente vulnerables; sin embargo, no garantizan los espacios y lo que estamos buscando es crear el mecanismo para garantizar el acceso y no solo la postulación”.
Fragmentación social y la batalla pendiente por la igualdad
En foros organizados por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), los ciudadanos denunciaron que los partidos políticos solo los utilizan para validar registros obligatorios. Por lo tanto, las cuotas de género y diversidad terminan convirtiéndose en un cheque en blanco sin representación efectiva.
El activista Moisés Méndez Aguilar considera que uno de los principales obstáculos no se encuentra únicamente en las instituciones, sino en la fragmentación interna. “No hay una unidad real. Cada quien está por su lado. Hay personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, cada quien trabajando por separado. Nos falta construir más fuerza colectiva. La lucha no debería ser individual”, afirma de manera contundente.
Finalmente, Méndez Aguilar advierte que la representación es una condición necesaria para diseñar políticas públicas efectivas, como la atención a personas trans en centros penitenciarios. Los colectivos coinciden en que la batalla presente consiste en lograr que la igualdad reconocida en las leyes exista también en las calles, escuelas, hospitales y hogares tamaulipecos.