El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que el gobierno federal adquirirá el 10% de las acciones de Intel, una de las mayores fabricantes de semiconductores del país. La medida representa un cambio notable respecto a la política económica tradicional estadounidense, que ha favorecido históricamente una intervención limitada del Estado en el sector privado.
Trump dio a conocer la noticia a través de su red social, Truth Social, y dejó entrever que esta inversión podría ser la primera de varias. “Haré este tipo de negocios para nuestro país todo el tiempo”, escribió. También señaló que su intención es apoyar a las compañías que, según él, han obtenido beneficios importantes haciendo negocios con el gobierno federal.
La decisión ha provocado reacciones mixtas, incluso dentro del mismo espectro conservador. Algunos sectores critican el hecho de que el Estado esté tomando un papel activo en la economía, lo cual, dicen, contradice los principios del libre mercado que históricamente ha defendido el Partido Republicano.
El presentador de radio conservador Erick Erickson fue uno de los que expresó su desacuerdo. “No puedes estar en contra del socialismo sólo cuando es de izquierda”, comentó en referencia a la postura de Trump.
Desde el ámbito económico, expertos advierten que este tipo de decisiones pueden generar consecuencias negativas a largo plazo. Tad DeHaven, analista del Instituto Cato, afirmó que “las decisiones de inversión tendrán que hacerse en base a la política y no la economía”. Según DeHaven, esto podría afectar la independencia de empresas clave y aumentar los riesgos de ineficiencia o corrupción.
Intel, que forma parte del índice Fortune 500, es un actor central en la industria tecnológica de Estados Unidos, especialmente en la producción de chips de computadora, un sector considerado estratégico por su importancia para la seguridad nacional y el desarrollo económico.
El anuncio marca un giro en el enfoque del gobierno hacia una participación más directa en sectores clave, lo que abre un debate sobre el futuro de la política industrial en el país.
