La gestión de Morena en Tamaulipas enfrenta severas críticas tras señalarse que su presidente del Consejo, Rómulo Pérez Sánchez, ha ignorado los preceptos de “no robar, no mentir y no traicionar”. Desde la integración de la actual estructura administrativa estatal, diversos sectores denuncian que estos valores se han convertido en “letra muerta”.
Doble función y manejo de presupuestos
Rómulo Pérez Sánchez se encuentra actualmente en el centro de la polémica debido a que ostenta dos cargos simultáneos. Además de liderar el consejo del partido, se desempeña como Subsecretario de Gobierno. Esta duplicidad de funciones representa una presunta violación a las normas electorales, ya que le permitiría gestionar fondos tanto del presupuesto oficial como del partidista.
En consecuencia, este manejo de recursos ha generado sospechas sobre el origen de su patrimonio actual. Según los señalamientos, el funcionario ha pasado de una situación económica modesta a ostentar una fortuna que resulta difícil de justificar bajo los estándares del “obradorismo”.
El patrimonio inmobiliario bajo sospecha
Durante el año 2024, el presidente de Morena en Tamaulipas habría adquirido tres propiedades residenciales de alto valor en Ciudad Victoria. Estos inmuebles se localizan en zonas exclusivas de la capital:
- Residencial El Cardenal: Un fraccionamiento de acceso restringido.
- Residencial Las Garzas: Zona caracterizada por su alta plusvalía.
- Fraccionamiento Zozaya: Sector identificado con sectores privilegiados.
Además de estas adquisiciones, se reporta la compra de vehículos de lujo y la realización de viajes internacionales por parte de su familia. Por lo tanto, la opinión pública cuestiona por qué estas compras masivas ocurrieron precisamente durante su ejercicio público actual.
Presiones y exigencias de contratos
Sin embargo, el escándalo no se limita a los bienes inmuebles. Diversos funcionarios estatales, alcaldes y delegados federales han señalado a Pérez Sánchez por presuntas presiones. Se le acusa de exigir contratos de obras públicas, control sobre las compras gubernamentales y espacios en las nóminas oficiales.
Ante esta situación, surge la interrogante sobre el papel del Comité Nacional de Morena y la Secretaría Anticorrupción. Hasta el momento, no existe una investigación formal que aclare si estos bienes fueron obtenidos de manera lícita o si forman parte de una red de nuevos políticos que buscan el enriquecimiento personal dentro de la administración estatal.
