Una cirujana de Reynosa, Tamaulipas, denunció que recibió paquetes de gasas con la leyenda “Propiedad del sector salud, prohibida su venta” tras comprarlos por internet, lo que abrió interrogantes sobre la procedencia de los insumos médicos.
La médica mostró los paquetes y cuestionó su procedencia
La doctora Karla Cicler, especialista en cirugía general y bariátrica, compartió un video en redes sociales en el que mostró las gasas que recibió después de realizar una compra en línea. Al revisar los empaques, encontró una advertencia que indicaba que el material pertenecía al sector salud y que estaba prohibida su comercialización.
El hallazgo llamó su atención porque los productos habían sido ofrecidos a través de una plataforma de comercio electrónico. La médica cuestionó cómo insumos identificados como destinados al sistema público podían llegar a manos de vendedores particulares.
De acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, los empaques también presentaban marcas institucionales. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente de qué institución procedían las gasas ni cómo llegaron al mercado.
La denuncia generó comentarios en redes sociales y preguntas sobre los controles que existen para evitar que materiales destinados a hospitales y unidades médicas públicas terminen comercializados por particulares.
Reporta la venta, pero asegura que la publicación continuó activa
Tras descubrir las etiquetas, Cicler informó que presentó un reporte ante la plataforma donde realizó la compra para advertir sobre la posible venta irregular de insumos médicos.
Según el testimonio difundido por la doctora, la empresa le respondió que había revisado su queja, pero que la publicación continuaría disponible para otros compradores. Esta respuesta, hasta ahora, se conoce a través de su relato y no constituye una confirmación independiente de la plataforma.
El caso plantea dudas sobre la trazabilidad de los productos médicos y los mecanismos de supervisión de las ventas por internet. Si los insumos efectivamente pertenecían al inventario de una institución pública, sería necesario esclarecer quién los distribuyó, cómo llegaron al vendedor y si hubo alguna irregularidad.
No obstante, hasta el momento no se ha acreditado públicamente que las gasas fueran robadas, ni se ha confirmado una investigación oficial sobre su procedencia. Tampoco se ha identificado de manera concluyente a la institución responsable del material.
La denuncia pone sobre la mesa la importancia de revisar la comercialización de insumos médicos etiquetados como propiedad pública y de aclarar su origen antes de establecer responsabilidades.
