Excolaboradores de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) denunciaron una serie de irregularidades ocurridas durante la gestión de Marx Arriaga, que incluyen despidos injustificados, acoso laboral y una presunta red de cobros indebidos. La acusación, difundida inicialmente a través de una carta en redes sociales y validada por la investigadora Alma Maldonado, señala un ejercicio de autoridad basado en la violencia institucional.
Los testimonios indican que el personal contratado por honorarios fue el sector más vulnerable. Según la denuncia, en diversos episodios se utilizó a la fuerza policial para desalojar a trabajadores de sus oficinas, además de implementar medidas punitivas como el envío de empleados a bodegas a manera de “castigo ejemplar” y el decomiso de equipo de cómputo sin justificación legal.
Acusaciones de corrupción contra Sady Loaiza
La denuncia más grave señala directamente a Sady Loaiza, director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos de la SEP. El documento afirma que Loaiza presuntamente orquestó una red de robo dirigida hacia los propios trabajadores de honorarios.
El esquema consistía en solicitar dinero al equipo de trabajo bajo el argumento de cubrir “necesidades de la dirección”. No obstante, se asegura que los recursos debían ser depositados en la cuenta bancaria de la pareja de Loaiza. Este señalamiento pone en entredicho la integridad de la actual administración de la DGME, especialmente por el perfil de Loaiza, quien anteriormente colaboró con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Cuestionamientos a la autoridad moral
La carta cuestiona la postura pública de Marx Arriaga, señalando una contradicción entre sus recientes declaraciones de victimización y su comportamiento como superior jerárquico. El denunciante enfatiza que la falta de derechos laborales para el personal de honorarios no justifica el trato autoritario ni la privación de garantías básicas.
Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han emitido un posicionamiento oficial respecto a estas acusaciones de extorsión y maltrato. La denuncia concluye con un llamado a la justicia para quienes fueron violentados durante el ejercicio de sus funciones en la dependencia encargada de los libros de texto gratuitos.
