La cooperación México–Estados Unidos contra el crimen organizado volvió a colocarse en el centro de la agenda bilateral luego de que el gobierno estadounidense agradeciera la entrega de 37 presuntos integrantes de cárteles mexicanos. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la acción como un paso clave para fortalecer la lucha conjunta contra las organizaciones criminales transnacionales.
Entrega de criminales refuerza cooperación bilateral
En un comunicado oficial, Pam Bondi destacó que la transferencia de los 37 presuntos delincuentes representa un logro significativo en la colaboración entre ambos países. Con esta acción, ya suman 92 fugitivos entregados en menos de un año, a través de mecanismos alternativos a la extradición tradicional.
Las personas trasladadas están presuntamente vinculadas a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que Washington ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras. De acuerdo con el Departamento de Justicia, su procesamiento en tribunales federales estadounidenses permitirá avanzar en casos que llevaban años estancados.
Mecanismo legal y postura del gobierno mexicano
La entrega se realizó bajo la Ley de Seguridad Nacional de México, una herramienta jurídica utilizada para agilizar traslados cuando los procesos de extradición resultan prolongados. Autoridades señalaron que cada caso fue evaluado individualmente por el Gabinete de Seguridad Nacional antes de autorizar el movimiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión al asegurar que se trata de una determinación soberana, alineada con los intereses de seguridad del país. Aunque la solicitud fue presentada formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la mandataria subrayó que México actuó con base en su marco legal. Más información sobre cooperación internacional puede consultarse en nuestra sección de Política y seguridad.
Respaldo de agencias estadounidenses
El director del FBI, Kash Patel, señaló que la operación es resultado de un trabajo coordinado y constante entre agencias de ambos países. En tanto, la DEA consideró la entrega como un paso “inevitable” para debilitar las rutas de tráfico de fentanilo, droga que alimenta la crisis de adicciones en Estados Unidos.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) afirmó que estas acciones envían un mensaje claro: la justicia no reconoce fronteras cuando se trata de combatir la violencia organizada.
Los 37 individuos enfrentarán cargos por narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de drogas, delitos que podrían derivar en condenas de varias décadas de prisión. Para ambos gobiernos, esta acción consolida un modelo de cooperación bilateral que busca frenar la expansión del crimen transnacional y sentar precedentes en materia de seguridad regional.
