Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, el gobierno de Estados Unidos ha incluido a 120 funcionarios y ex funcionarios venezolanos en su lista de sanciones, de acuerdo con una investigación de MILENIO basada en archivos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.
Durante los últimos 12 años, generales del ejército, secretarios de Estado, burócratas, policías y militares han sido señalados por Washington por presuntos actos antidemocráticos, corrupción y violaciones a derechos humanos. Las sanciones prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con las personas incluidas en la lista, como una forma de presión financiera y diplomática.
En algunos casos, Estados Unidos ha condicionado el retiro de estas medidas a que los sancionados se deslinden públicamente del gobierno de Nicolás Maduro. Del total de funcionarios señalados, 52 fueron acusados de acciones consideradas antidemocráticas, 46 de corrupción y 22 de violaciones a derechos humanos.
La mayoría de las sanciones se concentraron durante las administraciones de Donald Trump, tanto en su primer periodo, de 2017 a 2021, como en el segundo, iniciado en enero de 2025. En estos años se sancionó a 98 funcionarios, lo que representa el 82 por ciento del total.
El propio Nicolás Maduro fue incluido en la lista el 31 de julio de 2017, un día después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Estados Unidos calificó ese proceso como ilegítimo y acusó al gobierno venezolano de intentar reemplazar a la Asamblea Nacional electa y consolidar un régimen autoritario. El gobierno venezolano defendió la Constituyente como un mecanismo legal previsto en la Constitución para enfrentar la crisis política.
Entre los funcionarios sancionados destacan Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Washington los acusa de socavar la democracia, participar en redes de corrupción y respaldar la represión estatal.
También fue sancionado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, señalado en 2019 por su participación en la Asamblea Constituyente y por actividades de propaganda. Además, autoridades estadounidenses lo han acusado, junto con otros altos funcionarios, de presuntos vínculos con el narcotráfico.
Otro caso relevante es el de Freddy Bernal, ex ministro de Agricultura Urbana, quien fue acusado primero de tener vínculos con las FARC y posteriormente de participar en presuntos actos de corrupción relacionados con el programa de distribución de alimentos CLAP.
El gobierno de Venezuela ha rechazado estas sanciones y las ha calificado como una injerencia en sus asuntos internos y como parte de una estrategia para forzar un cambio político. También sostiene que las medidas constituyen un bloqueo económico que ha agravado la situación social y humanitaria del país.
Más allá de las sanciones, el conflicto entre ambos países incluye diferencias por la nacionalización del petróleo, el control de las reservas energéticas venezolanas y las alianzas del gobierno de Caracas con países como Rusia, China e Irán.
