El Partido Acción Nacional (PAN) desestimó la viabilidad legal de la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de México en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El portavoz de la bancada, Jorge Triana, explicó que el procedimiento no puede prosperar debido a que el exmandatario posee la ciudadanía estadounidense y se encuentra en territorio de ese país.
La postura del partido ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que el Gobierno de Estados Unidos frenó la orden de detención con fines de extradición cumplimentada por las autoridades mexicanas. El exjefe del ejecutivo estatal es requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Argumentación jurídica y convenios bilaterales
La defensa del blanquiazul sostiene que los acuerdos internacionales vigentes impiden que un Estado solicite la entrega de un ciudadano que reside en el país de su propia nacionalidad. Cabeza de Vaca, quien presuntamente se localiza en el estado de Texas, cuenta con la doble nacionalidad mexicana y estadounidense.
Los fundamentos presentados por la portavocía señalan:
- Improcedencia legal conforme a los convenios bilaterales de extradición entre México y Estados Unidos.
- Imposibilidad jurídica de requerir a un ciudadano americano dentro de su propia jurisdicción soberana.
- Vigencia de los derechos políticos y civiles del exfuncionario bajo el marco legal estadounidense.
Señalamientos de persecución política
El portavoz del PAN calificó el requerimiento de la FGR como un asunto de índole política, motivado por las denuncias que el exgobernador realizó previamente ante la administración federal respecto a redes de contrabando de combustible, conocidas como huachicol fiscal.
Según el testimonio de la dirigencia del partido, el proceso judicial actual busca equilibrar el impacto mediático de otras investigaciones en curso dirigidas a funcionarios de la administración vigente, por lo que reiteraron que la solicitud carece de sustento técnico-jurídico ante los tribunales internacionales.
