Un frente nacional de jubilados de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha alzado la voz contra lo que consideran un atropello a sus derechos adquiridos. Denuncian reducciones drásticas en sus pensiones que van del 30 al 70 por ciento, lo que en algunos casos representa descuentos de hasta 32 mil pesos por catorcena.
Tan solo en la zona sur de Tamaulipas, se estima que hay más de 2,200 trabajadores afectados, mientras que a nivel nacional la cifra supera los 20 mil jubilados en la misma situación.
¿Por qué se redujeron las pensiones?
De acuerdo con los representantes del movimiento, como José Luis Noriega Medina (Sección 11 de la UTPP) y Gerardo Valdés Saucedo (CFE), las empresas están aplicando de manera retroactiva la reforma al artículo 127 constitucional.
Los afectados argumentan que esta medida es violatoria, ya que sus pensiones son producto de convenios contractuales ratificados ante autoridades laborales tras más de 30 años de servicio patriótico.
“Nadie nos regaló nada. Son pensiones dignamente ganadas tras décadas de esfuerzo desde diferentes puestos”, expresaron los representantes.
Calendario de Movilizaciones
Los jubilados han convocado a acciones contundentes para presionar a las autoridades federales:
1. Marcha en Tampico
- Fecha: 15 de mayo de 2026.
- Hora: 08:30 horas.
- Punto de reunión: Edificio de la CFE (Calle Tamaulipas 301 Ote).
- Ruta: Marcha hacia la Gerencia Zona Norte de Pemex (Calle César López de Lara).
2. Marcha Nacional en CDMX
- Fecha: 25 de mayo de 2026.
- Lugar: Ciudad de México (con participación de contingentes de todo el país).
Pliego Petitorio: ¿Qué exigen los afectados?
Los manifestantes han sido claros en sus demandas para levantar las movilizaciones:
- Cese inmediato a la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 constitucional.
- Reintegro total de las cantidades descontadas de forma injustificada.
- Instalación de mesas de análisis técnicas y transparentes para revisar los convenios laborales.
- Respeto a la certidumbre jurídica de los contratos ya ratificados ante las juntas federales de conciliación.
Este conflicto escala en un momento sensible para la política energética del país, poniendo a prueba la relación entre los organismos estatales y sus trabajadores más veteranos.
