Un juez federal ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fundamentando su decisión en la jurisprudencia 46/2018. Este criterio fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 6 de abril, apenas una semana después de que se emitiera el fallo en favor del exmandatario.
La resolución fue dictada el 31 de marzo por Ulises Oswaldo Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 886/2025. El juzgador determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vulneró el principio de seguridad jurídica al congelar los activos del priista basándose en investigaciones estrictamente nacionales.
Argumentos del fallo y respuesta de la UIF
El juez Rivera González sostuvo que el bloqueo de cuentas solo es constitucional cuando responde al cumplimiento de compromisos internacionales. Al detectar que la UIF incluyó a Yarrington en la “lista de personas bloqueadas” en 2019 por indagatorias locales, el juez consideró que la autoridad se extralimitó en sus funciones.
Por su parte, la UIF defendió la legalidad de la medida, argumentando que el exgobernador operó dentro del sistema financiero con recursos de procedencia ilícita. Ante el fallo, la dependencia de la Secretaría de Hacienda alista una impugnación ante un tribunal colegiado, la cual se sustentará en el nuevo criterio de la SCJN que otorga mayores facultades a la UIF para el congelamiento de activos.
Situación jurídica de Tomás Yarrington
Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2005, enfrenta actualmente procesos penales en México tras ser deportado de Estados Unidos en abril de 2025. Los cargos vigentes en territorio mexicano incluyen:
- Delitos contra la salud: Vínculos con organizaciones criminales durante su gestión.
- Lavado de dinero: Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En Estados Unidos, el exfuncionario cumplió una condena de nueve años de prisión tras declararse culpable de aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos, fondos que utilizó para la adquisición de propiedades en Texas. Tras su llegada a México, fue recluido en una prisión de máxima seguridad, donde permanece mientras se resuelven las nuevas acusaciones en su contra.
