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Julio Iglesias solicita el archivo de denuncia por abuso sexual en España

El cantante español Julio Iglesias solicitó formalmente el archivo de la denuncia por presunto abuso sexual y trata de personas presentada en su contra por dos mujeres, al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción para investigar los hechos. La petición fue remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a través de su abogado, quien sostiene que los supuestos delitos ocurrieron fuera del territorio español.

Defensa legal cuestiona jurisdicción española

En un escrito dirigido a la Fiscalía, el abogado del artista, José Antonio Choclán, pidió que se declare de manera inmediata la falta de competencia de los tribunales españoles. El documento solicita el archivo de las diligencias de investigación preprocesal y el cese de lo que calificó como una “campaña mediática” que, a su juicio, ha provocado un grave daño reputacional al intérprete de 82 años.

La defensa argumenta que los presuntos hechos deben ser perseguidos en el lugar donde habrían ocurrido, y solo en caso de no ser posible, podrían investigarse en España. Además, subraya que ninguna de las denunciantes es española ni reside habitualmente en el país, lo que, según el escrito, refuerza la falta de jurisdicción nacional. Para contexto legal, puede consultarse la sección de justicia en España.

Denuncia presentada por dos exempleadas

Las denunciantes, dos exempleadas del cantante, presentaron la denuncia el 5 de enero en España. De acuerdo con su testimonio, habrían sido víctimas de vejaciones, acoso sexual y abusos de poder, presuntamente cometidos en un contexto laboral marcado por la precariedad y la diferencia de edad.

Una de las mujeres declaró ante medios de comunicación la existencia de penetraciones no consentidas. Según una investigación periodística de Univision y elDiario.es, los supuestos abusos habrían ocurrido en 2021, en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Postura de organizaciones civiles

Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que respaldan a las denunciantes, señalaron que la denuncia se presentó en España porque la legislación española puede resultar más favorable para este tipo de casos. Ambas mujeres cuentan con el estatuto de testigos protegidos y deberán ser escuchadas próximamente por la justicia española. Más información sobre estos procesos está disponible en derechos humanos.

Mientras la Fiscalía analiza la solicitud de archivo presentada por la defensa, el caso de Julio Iglesias continúa generando atención pública y debate jurídico. La resolución sobre la competencia de la justicia española será clave para determinar el rumbo del proceso y si las denuncias avanzan o quedan archivadas en esta instancia.

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