La lucha contra la corrupción en México cerró 2025 con cifras que evidencian la persistencia de prácticas irregulares en la contratación pública. Durante el año, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) sancionó a 103 empresas proveedoras del gobierno federal, imponiendo multas millonarias e inhabilitaciones que alcanzaron sectores clave como salud, infraestructura, agua potable y grandes proyectos estratégicos.
Bajo la conducción de Raquel Buenrostro Sánchez, la dependencia mantuvo un ritmo constante de sanciones, sin registrar un solo mes sin castigos a compañías involucradas en actos de corrupción.
Diciembre, el mes con más empresas inhabilitadas
De acuerdo con el Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas Sancionados, solo en diciembre de 2025 fueron 18 empresas las que recibieron multas e inhabilitaciones. Las sanciones económicas de ese mes sumaron 10 millones 433 mil pesos, destacando siete constructoras con multas individuales de 977 mil 130 pesos y suspensiones de hasta un año y seis meses por incumplimientos en contratos de infraestructura.
Algunas compañías lograron frenar temporalmente sus sanciones mediante recursos legales. Tal es el caso de Equipos y Maquinaria Industrial de México, relacionada con un contrato del Tren Maya, Tramo 7, cuya penalización fue publicada en el Diario Oficial, pero no aparece aún en el directorio oficial.
Documentación falsa, la irregularidad más frecuente
La presentación de documentación falsa fue el patrón dominante entre las empresas sancionadas. Las irregularidades incluyeron certificados apócrifos del IMSS, acreditaciones falsas como empresas sociales, documentación para simular importaciones desde India —país sin acuerdo comercial con México— e incluso certificados escolares falsos de empleados.
Las multas más elevadas recayeron en constructoras responsables de la rehabilitación de sistemas de agua potable en municipios del Estado de México, evidenciando fallas graves en proyectos de alto impacto social.
Investigaciones abiertas y sectores bajo la lupa
Además de las sanciones, la SABG mantiene investigaciones relevantes, como la licitación nacional de vales electrónicos de despensa, donde la empresa Servicios Broxel habría incumplido entregas en más de 2 mil 200 puntos del país, afectando a 224 dependencias federales. Este caso se suma a la anulación total de la megacompra de medicamentos consolidada.
Durante 2025, los sectores farmacéutico y de confección fueron los más vigilados, tras fallas en el suministro de medicamentos y equipo táctico para fuerzas armadas.
En total, 99 empresas recibieron 103 sanciones, con multas que ascienden a 60.5 millones de pesos. A ello se suma un rezago histórico: más de 2 mil 300 proveedores aún adeudan 1,383 millones de pesos por sanciones no pagadas. Las cifras confirman que, aunque la fiscalización se intensificó en 2025, la corrupción en la contratación pública sigue siendo un reto estructural para el Estado mexicano.
