Jacobo Reyes León, identificado por autoridades federales como presunto líder de un grupo delictivo, solicitó un amparo ante la justicia federal para evitar su detención por diversos delitos de carácter federal.
De acuerdo con la información judicial, Reyes León es investigado por presuntos delitos de tráfico de armas, narcotráfico, robo de hidrocarburos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como contrabando y comercialización ilícita de combustibles provenientes de Estados Unidos y Guatemala hacia territorio nacional.
El juzgado federal que recibió la solicitud de amparo determinó imponer una prevención al solicitante, con el fin de que, en un plazo de tres días, comparezca debidamente identificado para ratificar el contenido y la firma del escrito presentado. Esta medida tiene como objetivo confirmar que el recurso fue promovido directamente por la persona interesada, según lo establece el acuerdo publicado en el sistema del Órgano de Administración Judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Reyes León y a Raúl Rocha Cantú como presuntos líderes de la organización delictiva, conforme a la causa penal 495/2025, radicada en un juzgado federal con sede en Querétaro.
Registros del Poder Judicial de la Federación indican que, dentro de las investigaciones, se menciona que Reyes León sería socio de Jorge Alberto Alberts en una empresa de seguridad ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Según la FGR, dicha empresa habría sido utilizada para presuntas operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Asimismo, se señala que en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, existiría un centro de distribución de combustible robado, desde donde presuntamente se coordinan actividades delictivas. También se recuerda que en 2021 Reyes León fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México.
El juicio de amparo fue presentado el 25 de noviembre y admitido dos días después. En el expediente se indica que el solicitante pidió protección para evitar “actos privativos de la libertad”, sin que se precise la existencia de una orden de aprehensión en su contra desde el mes de noviembre.
