A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó oficialmente su cese, Marx Arriaga ha decidido mantenerse en su antiguo despacho. El exfuncionario sostiene que no abandonará las instalaciones hasta que se le entregue una notificación formal con todos los sellos y firmas correspondientes. Esta postura ha generado una parálisis administrativa en su área de gestión.
Desde que se dio a conocer su salida, Arriaga ha utilizado sus transmisiones en vivo para arremeter contra la actual administración. Sin embargo, su decisión de permanecer físicamente en el inmueble ha sido interpretada por diversos sectores como un acto de resistencia frente a la realidad institucional.
Rechazo a la embajada y exigencia de finiquito
De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, al exfuncionario se le ofreció una embajada en Centroamérica como parte de los movimientos habituales dentro del gabinete. No obstante, Marx Arriaga rechazó la propuesta diplomática y optó por exigir un finiquito conforme a la ley. Esta negativa ha tensado las negociaciones entre el exdirector de Materiales Educativos y la dependencia federal.
“Yo no estoy atrincherado, yo estoy trabajando”, aseguró Arriaga durante una de sus recientes apariciones digitales. Por lo tanto, el exfuncionario aplica una interpretación de legalidad selectiva, argumentando que su estatus laboral permanece intacto mientras no reciba el oficio físico de su remoción.
La estrategia de permanencia en la oficina
Esta situación ha sido calificada por analistas políticos como una táctica de victimización, similar a otros movimientos observados dentro del entorno obradorista. Además, la permanencia de Arriaga en la oficina, a pesar de haber perdido el respaldo oficial, complica la transición de mando en una de las áreas más sensibles de la SEP.
Por otro lado, la Secretaría ha reiterado que el proceso de desvinculación es irreversible. En consecuencia, se espera que en las próximas horas se utilicen mecanismos legales para recuperar el espacio físico que Arriaga ocupa actualmente. Mientras tanto, el exfuncionario se aferra a su puesto, insistiendo en que seguirá laborando hasta que la realidad administrativa se imponga mediante el sello oficial.
