El nuevo fiscal de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, inicia su gestión en un contexto complejo marcado por el incremento de feminicidios y señalamientos de impunidad acumulados durante casi una década. Activistas y colectivas advierten que la Fiscalía hereda un rezago significativo en el acceso a la justicia para las mujeres, tras el cierre del periodo encabezado por Irving Barrios Mojica.
Feminicidios en aumento: cifras oficiales
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Tamaulipas pasó de un feminicidio en 2016 a 23 víctimas al corte de octubre de 2025. Con estos registros, la entidad ocupa el lugar 11 a nivel nacional. A nivel municipal, Reynosa se ubica como la sexta ciudad del país con más casos, con nueve eventos contabilizados en el mismo periodo.
Señalamientos por impunidad y rezagos
Para la representante de la colectiva Mujer Manglar, Martha de la Cruz, la principal herencia que recibe el nuevo fiscal no es solo el crecimiento del delito, sino la impunidad que lo rodea. La activista exige que las investigaciones pendientes se atiendan con prioridad y que se frene la violencia de género con acciones contundentes.
“Hay una gran deuda en el acceso de las mujeres a la justicia”, afirmó De la Cruz, al señalar presuntas prácticas de maquillaje de cifras, cierres prematuros de carpetas y desatención a víctimas, además de rezagos en la búsqueda de adolescentes y mujeres desaparecidas.
Declaraciones polémicas y casos emblemáticos
La activista recordó declaraciones del exfiscal que calificó como insensibles, cuando se refirió a desapariciones de adolescentes como ausencias “por voluntad propia”. Subrayó que, aun en esos casos, la búsqueda debe activarse de oficio, pues existe riesgo de delitos asociados.
Uno de los episodios que más impacto causó fue el caso de Perla Magaly, adolescente localizada sin vida en una brecha del municipio de Llera. De la Cruz denunció que la Fiscalía no notificó de inmediato a la familia y lamentó que el Congreso local no haya llamado a cuentas a los responsables.
Con este panorama, el arranque de la nueva Fiscalía enfrenta expectativas altas y una exigencia social clara: romper la impunidad, transparentar procesos y garantizar justicia efectiva para las mujeres. Activistas insisten en que el cambio de titular debe traducirse en resultados verificables y atención prioritaria a las víctimas.
