El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Peña, denunció que existe un claro “linchamiento político” en contra del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca. En una entrevista realizada en Ciudad Victoria, el legislador fijó su postura respecto a la reciente orden de aprehensión y la solicitud de captura emitida contra el exmandatario tamaulipeco.
Según el diputado, este escenario se basa en desinformación que busca afectar la imagen pública del político. Por lo tanto, sostuvo que el proceso actual carece de sustento, dado que existen recursos legales que aún protegen la integridad y libertad del exgobernador ante las acusaciones presentadas.
El estatus legal del amparo
Gerardo Peña subrayó que el proceso jurídico se encuentra en una etapa de análisis profundo por parte de las autoridades judiciales. “Cómo lo sabemos de la información que es pública, la corte atrajo la revisión del amparo, por cierto un procedimiento de revisión sin precedente de acuerdo a la opinión pública de algunos juristas”, puntualizó el legislador.
En consecuencia, el equipo legal del exmandatario sostiene que el derecho a la protección judicial sigue activo. Además, Peña aclaró que mientras la resolución definitiva no se emita, el amparo continúa vigente. Esto significa que, legalmente, no debería existir ninguna privación de la libertad mientras el proceso de revisión siga su curso en la Suprema Corte.
Críticas al rigor informativo
Sin embargo, el diputado panista lamentó que circulen versiones que no consideran el estado real del expediente. Para Peña, muchas de las notas informativas publicadas recientemente sobre Francisco Cabeza de Vaca son “carentes de rigor legal”. El legislador enfatizó que la difusión de estas órdenes de captura ignora deliberadamente los procedimientos de revisión vigentes.
Finalmente, el PAN en Tamaulipas reiteró su respaldo al exgobernador, señalando que el uso de las instituciones de justicia con fines electorales debilita la democracia. Por el momento, la defensa espera que la resolución judicial se emita bajo estricto apego a derecho, asegurando que el amparo detiene cualquier acción penal inmediata.
