El Gobierno de México evalúa la viabilidad legal de aplicar de forma retroactiva la nueva Ley General contra el Feminicidio. Esta medida, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca permitir la revisión de expedientes pasados para corregir reclasificaciones indebidas y combatir la impunidad en crímenes de género.
La propuesta se analiza actualmente en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo principal es determinar si el marco constitucional permite reabrir investigaciones que presentaron omisiones bajo legislaciones anteriores.
Investigación obligatoria por feminicidio
Uno de los ejes centrales de esta reforma establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada inicialmente como feminicidio. Solo tras agotar las líneas de investigación específicas y descartar razones de género, el delito podrá reclasificarse.
Este protocolo busca eliminar la discrecionalidad de los ministerios públicos y asegurar que:
- Se aplique la perspectiva de género desde las primeras diligencias.
- Se utilicen criterios homologados en todas las fiscalías del país.
- Se identifiquen patrones de violencia sistemática contra las mujeres.
Revisión de casos previos y justicia social
La mandataria federal subrayó que la retroactividad facilitaría el acceso a la justicia para las familias cuyos casos fueron archivados o juzgados como homicidios dolosos sin considerar agravantes de género. La intención es que la nueva legislación no solo prevenga futuros delitos, sino que sirva como herramienta de reparación histórica.
Aunque se han registrado avances en la materia, el Ejecutivo reconoció que persisten desafíos críticos en la procuración de justicia. Por ello, la validez técnica de la retroactividad será el punto determinante para consolidar un mecanismo de justicia efectiva que unifique la actuación de los tres niveles de gobierno frente a la violencia feminicida.
