En una decisión unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia de amparo que mantenía protegido al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, recibió nueve votos a favor y cero en contra, dejando sin efecto legal la medida que impedía su detención.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país valida la orden de aprehensión librada en mayo de 2021 por un juez federal con sede en el Estado de México. El Pleno determinó que el amparo promovido por el exmandatario es improcedente, ya que el mandamiento judicial original cumple con todos los requisitos constitucionales y legales vigentes.
Argumentos sobre triangulación de recursos
La resolución judicial se derivó de la revisión del amparo 435/2025, donde se consideraron infundados los argumentos para otorgar la protección federal. Entre los puntos clave del proyecto de la ministra Batres, se señala que Francisco García Cabeza de Vaca presuntamente participó en una triangulación de recursos financieros a través de una empresa inmobiliaria.
De acuerdo con el expediente, dicha empresa habría resultado beneficiada con licitaciones directas por parte del Gobierno de Tamaulipas durante su gestión. Estas adjudicaciones se realizaron sin cumplir con la obligación legal de celebrar concursos públicos, lo que fortalece los indicios de irregularidades administrativas.
Posible reactivación de búsqueda internacional
Sin embargo, las implicaciones de esta sentencia permiten que las autoridades federales continúen con el proceso penal en curso. Al quedar firme el mandamiento judicial dictado por el Juez de Control en Almoloya de Juárez, la justicia de la Unión ya no protege al quejoso contra dicha orden.
Por lo tanto, no se descarta que la Fiscalía reactive mecanismos de colaboración internacional para su localización. En consecuencia, la eventual solicitud de una ficha roja ante la Interpol figura como una posibilidad legal tras la resolución del Pleno. Finalmente, la decisión de la Corte marca un punto de inflexión en la situación jurídica del exgobernador tamaulipeco.
