Julia nunca había prestado atención a los postes de luz de su calle. Para ella, eran parte normal del entorno urbano. Esa percepción cambió cuando descubrió que, en una estructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), había sido instalado un lente dirigido hacia su cuadra. La colocación del equipo pasó desapercibida para los vecinos y coincidió con mensajes dirigidos a comercios locales, en los que se les exigía el pago de una “cuota” a cambio de tranquilidad.
De acuerdo con testimonios de la zona, después de la instalación del dispositivo se registraron intentos de secuestro virtual contra familiares y habitantes del sector. Estos hechos se enmarcan en una práctica que comenzó a documentarse en Tamaulipas entre 2007 y 2008, periodo en el que especialistas ubican la llamada “profesionalización de la delincuencia”.
Durante esa etapa, grupos criminales empezaron a incorporar tecnología para vigilar territorios sin depender exclusivamente de informantes. Los Zetas, surgidos inicialmente como brazo armado del Cártel del Golfo y posteriormente independientes, son señalados como pioneros en este modelo. En medio de disputas por el control de zonas, desarrollaron sistemas de observación para conocer con precisión lo que ocurría en carreteras, colonias y áreas comerciales.
Según reportes de fuerzas de seguridad de aquellos años, estas herramientas reforzaron el llamado “halconeo”, que antes se realizaba solo con personas en puntos estratégicos. El objetivo principal era seguir los movimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, pero el esquema se amplió al control de negocios y servicios básicos.
Manuel Balcázar Villarreal, director de MB Consultores e investigador asociado del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, explica que este modelo buscó el dominio total del territorio. Señala que la consigna era vigilar espacios clave como tiendas, gasolineras y centros de reunión, con base en divisiones territoriales básicas utilizadas también por el Inegi.
Para lograrlo, los grupos aprovecharon su experiencia previa en la instalación de antenas ilegales para radiocomunicación. Colocar cámaras en colonias resultó sencillo al usar la infraestructura eléctrica existente y las redes de telecomunicaciones. El sistema oficial de videovigilancia del Gobierno de Tamaulipas, en contraste, comenzó a operar hasta 2013.
Gerson Mata Estrada, investigador del mismo centro, advierte que el uso de estos equipos requiere personal técnico capacitado. Esto ha derivado en la privación ilegal de la libertad de trabajadores especializados. Entre los casos documentados se encuentra el secuestro de nueve empleados de Nextel en Nuevo Laredo en 2009 y el de un trabajador de la CFE en Ciudad Victoria en 2015.
Estos antecedentes muestran cómo la tecnología ha sido integrada de forma sistemática por la delincuencia organizada para fortalecer su presencia y control en distintas regiones del estado.
