El activista y líder agrícola Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue hallado muerto en la región de Tierra Caliente, Michoacán, apenas tres días después de denunciar públicamente la presencia del crimen organizado en el comercio de limón. Bravo había advertido que no permitiría la entrada de intermediarios o “coyotes” controlados por grupos delictivos en el Tianguis Limonero de Apatzingán.
Hallan su cuerpo con signos de tortura
El cuerpo de Bravo Manríquez fue encontrado dentro de su camioneta gris sobre el camino Apatzingán-Tepetates. Presentaba huellas de tortura y un disparo en la cabeza. Según fuentes locales, el líder había señalado en los últimos días las extorsiones y amenazas que sufrían los productores citrícolas, además de la inacción de las autoridades estatales y federales.
Compañeros del dirigente lamentaron el crimen a pocos kilómetros del tianguis que recorría semanalmente. Recordaron que recientemente había llamado a mantener la resistencia y exigir mejores precios y apoyos financieros para los agricultores afectados por la violencia y la crisis del campo.
Lucha por los productores de limón
Entre el 10 y el 16 de octubre, Bravo encabezó marchas y reuniones para exigir créditos accesibles y políticas de protección a la producción limonera, además de coordinarse con los empaques locales para mejorar las condiciones de venta. En varios videos difundidos en redes sociales, pidió que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, “escuchara la grave crisis que vive el campo michoacano”.
El líder representaba a más de mil 800 productores de municipios como Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Tepalcatepec y Aguililla. En dichas zonas operan organizaciones criminales como Los Viagras, Los Blancos de Troya y células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantienen el control sobre el comercio agrícola, las rutas y los precios del fruto.
Contexto de violencia en el campo michoacano
En febrero de 2025, el Gobierno estatal inauguró un cuartel militar en Apatzingán con una inversión de 13 millones de pesos, resultado en parte de las gestiones de la ACVA, presidida por Bravo. El propósito era reforzar la seguridad en la región, sin embargo, productores aseguran que las extorsiones y amenazas persisten.
“Quieren imponer a su gente, tener el control y dar órdenes sobre los precios y cobros”, declaró Bravo en su última entrevista con Grupo Reforma, alertando sobre la expansión del crimen organizado en el comercio agrícola.
