La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron uno de los esquemas de lavado de activos más extensos de la última década en México. La cifra bajo investigación asciende a 9 mil 631.8 millones de pesos, un monto equiparable al presupuesto anual de dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Gobernación.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se centra en las operaciones de las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya ha catalogado a estas entidades como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) de forma definitiva.
Mecánica financiera y empresas “factureras”
Entre 2016 y 2019, estas razones sociales registraron 17 mil 566 depósitos que suman más de 9.6 mil millones de pesos. Casi de forma simultánea, realizaron 55 mil 644 retiros por un monto prácticamente idéntico, dispersando los recursos entre cientos de personas físicas y morales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó el 10 de enero de 2024 que ninguna de estas sociedades cuenta con autorización para operar como centro cambiario o transmisora de dinero, operando totalmente al margen del sistema financiero regulado.
Implicados y proceso judicial
La red de empresas, constituidas en 2015 en la Ciudad de México y el Estado de México, comparte nombres clave en sus actas constitutivas. Vicente Estrada Viveros aparece como apoderado o accionista en las tres entidades principales. Otros nombres vinculados al proceso judicial incluyen a:
- Optimización Dalga: Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal.
- Lovies: Rafael Solano López y Claudia Guzmán Salazar.
- OHAT: Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila.
Fuentes federales confirmaron que la FGR ha judicializado el expediente y se encuentra a la espera de una audiencia inicial para imputar formalmente a los involucrados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Relevancia histórica del caso
Por el volumen de capital, este expediente se posiciona como el segundo más relevante en la historia reciente de México, solo superado por el caso de Black Wallstreet Capital (15 mil mdp). Supera significativamente otros procesos de alto perfil, como el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, operador del Cártel de Sinaloa, cuyo monto imputado fue de 6 mil 119.8 millones de pesos.
